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La lucha por otro Chile, otro Wallmapu

El 6 de octubre, el gobierno chileno dirigido por el presidente Sebastián Piñera, aumentó las tarifas de transporte público en un cuatro por ciento en Santiago. Protestas dirigidas por estudiantes comenzaron de inmediato y continuaron a medida que más personas se unían y apoyaban las movilizaciones, evasiones, sin embargo,  el gobierno se negó a revertir el aumento.

Para el 15 de octubre, las autoridades decidieron cerrar algunas estaciones de metro clave para evitar las evasiones masivas de las tarifas, sin embargo, los y las estudiantes junto a otras/os manifestantes derribaron las rejas y entraron a las estaciones de metro por la fuerza. Al mismo tiempo, las personas mayores alentaban a los estudiantes a continuar protestando.

El cierre de las principales estaciones de metro ubicadas cerca o en el centro de la ciudad afectó principalmente a la clase popular y trabajadora, que depende enteramente del transporte público para llegar a sus trabajos. En medio de las protestas, la reacción de Piñera y su gobierno ha sido desde entonces criminalizar a los y las manifestantes e ignorar nuestras demandas.

“Alguien que sale más temprano y toma el Metro a las 7:00 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”, dijo el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine. El ministro se refería al hecho de que el aumento de las tarifas solo era aplicable durante la hora punta (de 7 a 9 a.m. y 6 a 8 p.m.). En opinión del gobierno, si los y las trabajadoras deseaban acceder a una tarifa más baja, debían adaptar sus horas de trabajo.

La frase del entonces ministro creó descontento entre la población, ya que muchos/as trabajadores/as y sus familias ya pierden al menos dos horas al día en transporte en Santiago. El único tipo de vivienda pagable está lejos de las áreas centrales, lo que significa que los y las trabajadoras tienen que despertarse y salir a trabajar cuando aún está oscuro. Pedirles que se despertaran incluso antes y que dejaran el trabajo antes o después de la hora punta, demostró la absoluta falta de empatía del gobierno, así como su incapacidad para reconocer las condiciones sociales de clase media y trabajadora.

Foto en una de las protestas, por Sandra Cuffe

Los espíritus se levantaron y los y las chilenas comenzaron a enfrentarse al gobierno como un grupo unido y masivo. Las calles se convirtieron en un campo de batalla. “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, dijo Piñera. Bajo el lema “no son 30 pesos, son 30 años”, las demandas de las protestas contra las tarifas de tránsito se transformaron así en una protesta más amplia ya contra el sistema neoliberal. Asimismo,  más tarde este eslogan se transformó en “No son 30 pesos, son 500 años”, en referencia al colonialismo como sistema que inicialmente creó la desigualdad existente entre los/las chilenas y los pueblos indígenas.

Hoy en las calles de Santiago, la mayoría de los y las manifestantes no pertenecen a ningún partido u organización política en particular, sino que son estudiantes, hinchas del fútbol, trabajadoras/es, feministas, mujeres y hombres mayores, familias y otros. La ira y el descontento hacia el presidente y su gobierno han abrumado a las autoridades. Tal era el poder vivido en las calles que el 18 de octubre, Piñera declaró el estado de emergencia, lo que le dio más poder a los militares. Así, y con todas las heridas que esto implica, un toque de queda se vivió durante una semana. A medida que distintos chilenos/as y mapuche continúan movilizándose, nuestras demandas han crecido: hacer públicos los servicios públicos de agua, establecer un salario mínimo de $500.000 al mes, consagrar una semana laboral de 40 horas, poner fin a la corrupción, revertir el aumento en las tarifas de tránsito, reducir los salarios de los políticos, crear un Nueva Constitución, cancelar el nuevo acuerdo de libre comercio (TPP11) y la desmilitarización de Wallmapu (la tierra ancestral del pueblo mapuche).

La Asociación Transpacífica (más conocido como TPP11), iniciada por la ex presidenta de centro izquierda Michelle Bachelet, fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril de este año. Este es un Acuerdo de Libre Comercio que tiene en su centro políticas de privatización y desregulación, que consagran los privilegios corporativos y los derechos de los inversores extranjeros.

Una vez que el TPP se implementó en Chile, inmediatamente creó desconformidad entre la población, ya que solo beneficia a las corporaciones y las élites que pertenecen al 5%. Estudiantes de la Universidad de Chile, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y la Universidad de Playa Ancha organizaron huelgas, asambleas y protestas los días 16 y 17 de abril, cuando se aprobó el TPP11.

La libertad para el pueblo mapuche es también un elemento clave en esta lucha actual que ha puesto la wenufoye (bandera mapuche) por encima incluso de la bandera chilena. La relación entre chilenos y mapuches es una historia complicada, por decir lo menos, y de mucho sufrimiento. El territorio mapuche ha estado bajo ocupación militar durante décadas, y los y las mapuche han sido acusados de terrorismo, han sido asesinados/as, criminalizadas y encarceladas/os.

Históricamente, la gran mayoría de los chilenos no ha participado activamente en el apoyo de las luchas mapuche. Por eso resulta tan poderoso ver la wenufoye en la cima del movimiento hoy en Chile. También ha habido pancartas en las marchas que decían: “Perdónanos, pueblo mapuche, por no creerte. Ahora sabemos quiénes son los verdaderos terroristas”.

Mujeres marchando de luto contra la violencia y abusos hacia cuerpos femeninos y disidentes.

El 29 de octubre, las comunidades mapuche organizaron una gran marcha para protestar en apoyo de las demandas de los chilenos. En esta de derribó la estatua del conquistador español Pedro de Valdivia y su cabeza se puso a los pies de Caupolicán. Así, el movimiento actual ha unido a grupos de diferentes orígenes, todos luchando contra décadas de abuso, empobrecimiento y desigualdad. Esto es parte de por qué este movimiento no tiene un liderazgo específico: son solo personas que se apoyan mutuamente y luchan juntas.

A medida que las protestas continuaron, la energía creció y se agregaron nuevas formas de protestar a la evasión masiva de tarifas: saqueos de supermercados y farmacias, incendios en estaciones de metro y autobuses (muchos generados por los mismos policías encubiertos) , cacerolazos, performances y actos artísticos, además de la desobediencia del toque de queda. La continua movilización en las calles trajo represión militar y policial, lo que provocó brutalidad policial, violaciones, torturas, muertes y cientos de personas heridas y arrestadas.

Desde que comenzaron las protestas, Chile ha experimentado las peores violaciones de derechos humanos y violencia estatal desde la dictadura, que duró de 1973 a 1990. Según información del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde que comenzaron las protestas; 43 niños han sido víctimas de violación de derechos humanos que incluyen abusos, arrestos y golpizas; 1,500 personas se encuentran actualmente en hospitales debido a las lesiones; alrededor de 200 personas han perdido total o parcialmente su visión debido a los perdigones. Se han reportado 18 casos de violación y al menos 18 muertes, así como informes de tortura en las estaciones de policía. Miles de personas han sido arrestadas por policías y oficiales militares únicamente en la ciudad de Santiago.

La situación en las calles es aún peor de lo que nos dicen estos números, ya que las estadísticas oficiales no incluyen crímenes no denunciados. Paula Sierra, feminista y doctora chilena, ha estado en cuadrillas en las calles ayudando a los y las heridas en las protestas y colaborando con el INDH y el Colegio Médico. “Me decepcioné al escuchar lo que decía el INDH porque los números que estaban dando estaban muy lejos de lo que yo estaba viendo en las calles”, dijo Sierra en una entrevista telefónica con Toward Freedom. “El presidente del INDH estaba ausente, por lo que los y las trabajadoras estábamos muy frustradas y escribimos una carta en su contra. A ver, me tocó ver a las personas que sufrieron casos terribles de violaciones orales, genitales y anales por parte de funcionarios justo después de que ocurrieran, y [el presidente de INDH, Sergio] Micco no dijo nada al respecto ”.

Foto tomada luego de protesta en Temuco, donde se derribó la estatua del conquistador español Pedro de Valdivia y se dejó su cabeza a los pies del líder mapuche Caupolicán.

Lo que está claro hasta ahora es que el gobierno ha utilizado un discurso de delincuencia para hablar de los y las manifestantes. Esto ha criminalizado y deslegitimado las demandas sociopolíticas y económicas hechas por las personas, trabajadores, estudiantes, feministas, profesionales, entre otros. “Llamo a todos nuestros compatriotas a unirse a esta lucha contra la delincuencia”, dijo Piñera el 20 de octubre, refiriéndose a las protestas como actividad criminal.

Piñera solo ha reconocido este movimiento y sus demandas válidas una vez, el 25 de octubre, el día en que la primera marcha más grandes ocurrió en diferentes ciudades de norte a sur. Ese día solo en Santiago, más de un millón de personas estaban en las calles. La reacción del presidente y su gobierno fue celebrar cínicamente las protestas pacíficas e introducir una Nueva Agenda Social, que incluye una serie de reformas que no abordan las demandas de los y las manifestantes ni promueven un cambio estructural al modelo neoliberal. Al mismo tiempo, la represión estatal durante este período no se ha abordado y las víctimas no han recibido justicia.

Vale la pena recordar que durante la transición de Chile a la democracia después de la dictadura, que terminó en 1990, hubo una serie de movilizaciones masivas. La más grande fue la revolución estudiantil que comenzamos como estudiantes de secundaria en 2006, que alcanzó su punto máximo en 2011 cuando se unieron estudiantes universitarios y sus familias. Después de años de marchas, protestas, ocupaciones de escuelas y universidades, nos quedamos sin nuestro derecho básico a una educación gratuita y de calidad. En Chile, la clase trabajadora y la clase media baja a menudo tienen que endeudarse mucho para acceder a la educación, tal como hice yo.

Las pensiones son una segunda demanda importante que ha llevado a los chilenos a salir a las calles varias veces a lo largo de estos años, exigiendo el fin del Sistema de Pensiones de Chile (AFP). Este movimiento han exigido que se nacionalice el sistema de pensiones y que los y las jubiladas reciban un ingreso equivalente a un salario digno de $ 500.000.

El salario mínimo en Chile es actualmente de $300.000 bruto al mes, y la mitad de los que han recibido pensionas accedieron a menos de $ 140.000 mensuales. Este sistema obliga a los y las ancianos a la pobreza, ya que tienen que vivir con menos del salario mínimo. Mientras tanto, la ex esposa de un político es elegible para recibir una pensión mensual de casi $ 7,800.

La privatización de las pensiones y la educación fueron medidas iniciadas durante la dictadura de Augusto Pinochet, que se han fortalecido durante estos 30 años de gobiernos de derecha y centroizquierda.

Las protestas masivas en Chile han dejado en claro que la crisis es una crisis de la economía neoliberal. Ha (re)politizado una población que estaba demasiado dividida para protestar o demasiado asustada de levantarse debido a la constante criminalización de activistas. Hoy, con todas estas protestas y llamados a cambiar el sistema neoliberal y el país a nivel estructural, los y las chilenas y mapuche saben que hay un gran desafío por delante: organizar y planificar lo que viene después.

Se están levantando asambleas en todo el país, especialmente en Santiago, para discutir una nueva constitución y comenzar a imaginar un nuevo Chile, en la comunidad y desde una perspectiva plurinacional. “La principal demanda en todas las asambleas en las que he participado es el proceso para la asamblea constituyente, para comenzar a construir una nueva constitución”, dijo Valentina Pineda, geógrafa y miembro del colectivo Ciudad Feminista. “Los procesos participativos también han sido un tema común, en el sentido de que deben ser vinculantes. El sistema de pensiones, los problemas ecológicos y la educación han sido demandas fundamentales para nosotros”. Valentina agregó también que, en el transcurso, “ha habido muchas perspectivas anticoloniales, lo que nunca ha sucedido dentro de un movimiento social tan grande como este. en Chile”.

Entre los diferentes tipos de asambleas que han tenido lugar en Santiago se encuentra la asamblea organizada por Colo-Colo, uno de los club deportivo más grande de Chile, que reunió a unas 2.000 personas; asambleas regionales que reúnen personas de cada territorio; asambleas feministas, como la que participó Valentina Pineda, que se centran en el derecho a la ciudad; y una asamblea separatista de mujeres, organizada para discutir el desdén de las autoridades hacia las demandas feministas.

“Discutimos sobre el reconocimiento de todos los cuerpos y personas que tienen derecho a habitar la ciudad, que ha sido construida por y para el hombre. Creemos que la ciudad debe ser habitable, segura y libre de acoso para todos “, dijo Pineda de la asamblea sobre derecho a la ciudad. Pineda agregó que con respecto al movimiento feminista en su conjunto, “las acciones más comunes han sido contra la violencia sexual que muchas compañeras han experimentado, ya sea en las calles o en los centros de detención. Aunque no solo las mujeres han sido víctimas de esto, sino también las personas de la comunidad LGBTQ+ en general”.

Incluso la diáspora chilena ha organizado asambleas en todo el mundo en ciudades como Ciudad de México, Austin, Texas y Edimburgo, Escocia, entre otras. Por lo que el llamado es a seguir luchando y organizándonos para imaginar y crear un Chile/Wallmapu empático, justo, igualitario y colaborativo, donde todos estén incluidos y sus necesidades básicas sean satisfechas con dignidad.

[Columna originalmente publicada en https://towardfreedom.org/front-page-feature/ongoing-struggles-for-another-chile-another-wallmapu/ ]

Pilar es feminista del sur y Editora General de Zánganos.

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